Centenario de la denuncia de violaciones de los derechos humanos de indígenas del Putumayo en la época del Caucho
Kanatari 22 de julio de 2007
La democracia es más que ese discurso que los gobernantes de turno usan para justificar sus actos aún cuando éstos contradigan claramente lo que vociferan. Realmente todos tendríamos que estar comprometidos en construir ese ideal y, principalmente, aquellos quienes en la actualidad estamos negados de gozar plenamente de nuestros derechos. Por ello se hace necesario que nuestra sociedad amazónica tenga presente la celebración del Centenario de la denuncia penal y periodística de Benjamín Saldaña Roca contra trabajadores de la Peruvian Amazon Company de Julio César Arana (entonces notable habitante de la ciudad de Iquitos y luego senador por Loreto en la década de 1920), por supuestos “horrendos crímenes contra los indígenas del Putumayo, que incluían violaciones, torturas mutilaciones, estafas, robos y asesinatos, mediante el uso de veneno, armas, fuego y horca” (Chirif), cometidos en la Época del Caucho. Las graves imputaciones trascendieron los límites nacionales generando su condena en todas partes, lo que motivó una reacción virulenta y cínica de sus perpetradores.
¿Qué significado tiene ahora recordar tan espinoso acontecimiento? Por un lado, por la abundancia de datos históricos existentes casi no hay duda de que fueron hechos verídicos. Por otro, nos corresponde tomar una postura ante tan execrables eventos, que comprometen a un sector de la sociedad civil de entonces y organismos del Estado por su participación vergonzosamente tibia, para que no vuelvan a suceder y terminar por suprimir de una vez por todas todo acto que en la actualidad se le parezca.
El saberse indígena es un tema tabú para muchos habitantes locales y amazónicos, como si serlo fuera delito o un abominable estigma que debe mantenerse oculto – cuanto más ocultable sea, mejor, tal vez en la apariencia física o el color de la piel –. Las secuelas que ha dejado la colonización amazónica – de la misma forma que en otros ámbitos geográficos – por propios y extraños son actualmente visibles en la amazonía, que amerita que se aborde el asunto, de modo reflexivo, indignada pero también esperanzadamente.
La población indígena de la zona del Putumayo y lugares aledaños, incluyendo a toda la población indígena de toda la región merece una reparación civil material y espiritual acorde con la magnitud del daño causado. No es un simple acto reivindicativo, tiene que ver con aquellos grandes anhelos que nos mueven cotidianamente, en pos de construir una sociedad sana y justa (no escindida), después de todo la democracia no se reduce a elegir cada cuatro años a un presidente, sino que se sustenta en principios de igualdad, libertad y justicia. No podemos hacernos los desentendidos, como que la cosa no es con nosotros o fingir que nada ha pasado y, ciertamente sigue pasando a través de formas más sutiles pero no menos denigrantes. Por ello, nuestra total adhesión a las actividades que se realizarán para conmemorar los cien años de la denuncia (09 de agosto de 1907) de un periodista que tuvo el atrevimiento de hacer pública semejante barbarie, aun cuando su acción no tuvo un corolario feliz pues como es conocido sus principales causantes (enriquecidos durante el auge del caucho) no fueron sancionados, ya que contaron con la complicidad de autoridades nacionales y locales. Aunque tarde, pero la justicia ahora está en nuestras manos, cien años después, cuando existe un mayor consenso a favor de la vigencia de los derechos humanos como expresión máxima de humanidad.
La democracia es más que ese discurso que los gobernantes de turno usan para justificar sus actos aún cuando éstos contradigan claramente lo que vociferan. Realmente todos tendríamos que estar comprometidos en construir ese ideal y, principalmente, aquellos quienes en la actualidad estamos negados de gozar plenamente de nuestros derechos. Por ello se hace necesario que nuestra sociedad amazónica tenga presente la celebración del Centenario de la denuncia penal y periodística de Benjamín Saldaña Roca contra trabajadores de la Peruvian Amazon Company de Julio César Arana (entonces notable habitante de la ciudad de Iquitos y luego senador por Loreto en la década de 1920), por supuestos “horrendos crímenes contra los indígenas del Putumayo, que incluían violaciones, torturas mutilaciones, estafas, robos y asesinatos, mediante el uso de veneno, armas, fuego y horca” (Chirif), cometidos en la Época del Caucho. Las graves imputaciones trascendieron los límites nacionales generando su condena en todas partes, lo que motivó una reacción virulenta y cínica de sus perpetradores.
¿Qué significado tiene ahora recordar tan espinoso acontecimiento? Por un lado, por la abundancia de datos históricos existentes casi no hay duda de que fueron hechos verídicos. Por otro, nos corresponde tomar una postura ante tan execrables eventos, que comprometen a un sector de la sociedad civil de entonces y organismos del Estado por su participación vergonzosamente tibia, para que no vuelvan a suceder y terminar por suprimir de una vez por todas todo acto que en la actualidad se le parezca.
El saberse indígena es un tema tabú para muchos habitantes locales y amazónicos, como si serlo fuera delito o un abominable estigma que debe mantenerse oculto – cuanto más ocultable sea, mejor, tal vez en la apariencia física o el color de la piel –. Las secuelas que ha dejado la colonización amazónica – de la misma forma que en otros ámbitos geográficos – por propios y extraños son actualmente visibles en la amazonía, que amerita que se aborde el asunto, de modo reflexivo, indignada pero también esperanzadamente.
La población indígena de la zona del Putumayo y lugares aledaños, incluyendo a toda la población indígena de toda la región merece una reparación civil material y espiritual acorde con la magnitud del daño causado. No es un simple acto reivindicativo, tiene que ver con aquellos grandes anhelos que nos mueven cotidianamente, en pos de construir una sociedad sana y justa (no escindida), después de todo la democracia no se reduce a elegir cada cuatro años a un presidente, sino que se sustenta en principios de igualdad, libertad y justicia. No podemos hacernos los desentendidos, como que la cosa no es con nosotros o fingir que nada ha pasado y, ciertamente sigue pasando a través de formas más sutiles pero no menos denigrantes. Por ello, nuestra total adhesión a las actividades que se realizarán para conmemorar los cien años de la denuncia (09 de agosto de 1907) de un periodista que tuvo el atrevimiento de hacer pública semejante barbarie, aun cuando su acción no tuvo un corolario feliz pues como es conocido sus principales causantes (enriquecidos durante el auge del caucho) no fueron sancionados, ya que contaron con la complicidad de autoridades nacionales y locales. Aunque tarde, pero la justicia ahora está en nuestras manos, cien años después, cuando existe un mayor consenso a favor de la vigencia de los derechos humanos como expresión máxima de humanidad.
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