A Viva Voz / José Manuyama

La lucha universal por la igualdad de las personas se actualiza en la insurgencia indígena. El principio de la igualdad no basta que esté declarado en la Constitución política del Perú – el artículo 2 en su segundo acápite declara “Toda persona tiene derecho… A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole…” –. Se trata de que lo que está escrito se cumpla a rajatabla y tengamos el amparo de la ley por encima de cualquier condición social, económica y cultural. Tenemos que pasar de la virtualidad jurídica a la universalización de los derechos humanos en todas sus dimensiones. En el papel todos somos iguales frente a la ley, pero en la práctica solamente los más vivos, los poderosos pueden gozar de los beneficios de un sistema socio económico que se alimenta de la desigualdad. Todo tipo de exclusión se visibiliza en la población nativa: racial, cultural, económico, social,

Se veía venir un final violento. Por un lado, un gobierno dedicado descaradamente a satisfacer las voraces ansias de poder y de dinero de las grandes empresas nacionales y extranjeras y, por otro, la exigencia de un sector social tradicionalmente excluido y vilipendiado al cual le asiste el derecho constitucional, la justicia y la ética. El resultado no pudo ser más lamentable: por lo menos treinta muertos y cientos de heridos, una situación que no tiene parangón en la vida política nacional de la última década. Hasta la fecha se ha expuesto ampliamente los argumentos jurídicos, económicos, sociales y culturales que sustentan la posición indígena: disposiciones legislativas inconstitucionales, amenaza de destrucción del medio ambiente producto de la explotación maderera, minera y de hidrocarburos. La causa principal del problema es de tipo económico. Y, cuando, los principios democráticos y constitucionales se contraponen a los del negocio, entonces, lo que impe