A Viva Voz / José Manuyama

La Ley No 29062 que modifica la Ley del Profesorado en lo referido a la Carrera Pública Magisterial (CPM) fue creada entre otros propósitos para generar condiciones de ascenso a los distintos niveles de la misma, promover el mejoramiento sostenido de la calidad profesional de los docentes y valorar el mérito en el desempeño laboral. Sin embargo, habiéndose iniciado el proceso de incorporación a dicha carrera en agosto de 2008, en el 2009 nos encontramos con una interpretación y aplicación arbitraria y perversa de la Ley, en desmedro, ahora, de sus primeros miembros, a través del D.S. 079 – 2009 – EF, y plasmada sin cortapisas por algunos técnicos de la DRE Loreto. La Ley 29062 en su artículo 63 determina que la jornada laboral de los docentes es de 30 horas cronológicas (40 horas pedagógicas), y diferencia horas de trabajo en el aula y otras de preparación, planificación y extensión. Este artículo es refrendado por el D.S. 003 – 2008 – ED, que lo reglamenta, en su artículo 93, incisos

Un principio comúnmente aceptado es que ante la Ley todos somos iguales, al margen de las condiciones sociales, económicas y culturales de cada quien. No importa si una persona es pudiente o pobre, procede de un pueblo ribereño o urbano, sea mujer o varón, alfabeto o analfabeto, el hecho es que ante la ley todos tenemos las mismas prerrogativas, más allá de que en la práctica aquello no funcione realmente. Pero, por lo menos tal entendimiento es como un cheque por cobrar, cobrable, que más temprano que tarde debe hacerse efectivo en forma total. Igualmente, se podría considerar como medio igualador de las personas al logro de la competencia que te habilita acceder al conocimiento codificado existente ya sea en formato científico, literario o artístico. Dicho de otro modo, la capacidad de conducirse en los laberintos del saber letrado con cierta destreza. En tanto que una persona no tenga problemas para entender el lenguaje escrito, y, a la vez, puede hacer uso de ella, hay más segurida