El viejo salvaje de siempre frente a los indígenas

Se veía venir un final violento. Por un lado, un gobierno dedicado descaradamente a satisfacer las voraces ansias de poder y de dinero de las grandes empresas nacionales y extranjeras y, por otro, la exigencia de un sector social tradicionalmente excluido y vilipendiado al cual le asiste el derecho constitucional, la justicia y la ética.
El resultado no pudo ser más lamentable: por lo menos treinta muertos y cientos de heridos, una situación que no tiene parangón en la vida política nacional de la última década.
Hasta la fecha se ha expuesto ampliamente los argumentos jurídicos, económicos, sociales y culturales que sustentan la posición indígena: disposiciones legislativas inconstitucionales, amenaza de destrucción del medio ambiente producto de la explotación maderera, minera y de hidrocarburos. La causa principal del problema es de tipo económico. Y, cuando, los principios democráticos y constitucionales se contraponen a los del negocio, entonces, lo que impera es la fuerza bruta. Este proceso se repite una y otra vez en la historia del país.
Se ha decretado una orden de captura para Alberto Pizango, dirigente indígena, por diversas causas, entre los que figura la incitación a la violencia. Se quiere responsabilizarlo de las muertes ocurridas. Hasta el momento no se oyó ningún mea culpa que venga del Ejecutivo. En otros países ya habrían renunciado todas las autoridades que tuvieran una relación directa con los terribles hechos.
Sin embargo, los verdaderos responsables son el Congreso y el Poder Ejecutivo. Primero por emitir resoluciones inconstitucionales y después por no medir las consecuencias que eran previsibles iba a traer una decisión de intervención violenta de la fuerza pública. Las autoridades públicas deben ser los primeros en hacer respetar las leyes y no en quebrantarlas. Al emitir normas irregulares el que ha cometido delito es el Poder Ejecutivo. Y, a pesar de ello, nadie ha dado orden de captura para el Presidente de la República o los funcionarios que tengan que ver con el flagrante rompimiento del orden constitucional. Igualmente, la Ministra del Interior y los principales jefes policiales deberían ir presos, pues, al ordenar el uso de la fuerza también provocó la reacción violenta de la población.
El Estado de Derecho tiene que respetarse y el pueblo indígena no ha hecho más que exigir que se cumpla. En este sentido, los primeros causantes del problema no están en el lado de la población amazónica. Por ello, el auténtico salvaje es el viejo salvaje de siempre, el Poder Ejecutivo, que se mueve por sobre las normas, incluso a costa de la vida con tal de establecer el imperio de la ganancia y de las comisiones que engordan las cuentas bancarias de los funcionarios de turno. Véase en los petroaudios.
Cabe señalar que detrás de las resoluciones causantes de la protesta están poderosas empresas que a través de ellas encuentran una puerta ancha para seguir enriqueciéndose, contaminando y destruyendo el medio ambiente, poniendo en un estado de colapso al planeta, pese a las gigantescas ganancias que acostumbran atesorar. Las razones monetarias que se esconden bajo los decretos se llaman HUNT OIL, REPSOL, BURLINGTON, PLUS PETROL, entre otras, por las cuales ahí sí las autoridades nacionales se movilizan.
Causa enorme pesar ver a familias peruanas enlutadas, aunque en la televisión nacional parece que solo murieron miembros de la policía. Pero más allá de ello, en la lucha indígena se debate la defensa del Estado de Derecho, la justicia y la posibilidad de establecer un mundo profundamente inclusivo. Por ello, Loreto tiene que expresarse en forma enérgica a favor de la derogatoria de la normativa en cuestión y por una nueva forma de relacionarse entre el Estado, la sociedad civil y los ciudadanos en general. Esperamos que nuestros dirigentes se comporten a la altura de las circunstancias.